Avanza el Poder Legislativo en implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral

El Poder Legislativo de Nayarit representado por el Presidente de la Comisión de Gobierno, Leopoldo Domínguez y quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, se reunieron este lunes con representantes del Poder Ejecutivo y Judicial para avanzar en la reforma que dará paso al nuevo sistema de justicia laboral para el estado, cuya fecha de inicio será en febrero de 2018.

En el evento que se llevó a cabo en el Centro Regional de Justicia Penal, la representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, Ángela Quiroga explicó los pormenores con los que deberá cumplir cada entidad para el arranque de este nuevo sistema de justicia que ahora estará a cargo del Poder Judicial, a partir del 24 de febrero del 2018, es decir, dentro de poco más de tres meses.

En la reunión también estuvieron presentes el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto; el Secretario del Trabajo de Nayarit, Ernesto Navarro; el presidente de Coparmex, José Francisco Talavera del Río y magistrados.

Durante más de una hora se insistió en la urgente necesidad de avanzar en dicha reforma, en la cual participarán los tres niveles de gobierno y, en la que el Congreso local hará las modificaciones para dotar al Poder Judicial de la competencia jurisdiccional en el ámbito laboral.

Los diputados coincidieron en que es prioridad avanzar en esta reforma en lo relativo al tema presupuestal, judicial y legislativo, para que el año entrante el nuevo sistema garantice mayor justicia laboral a las y los nayaritas.

 

Cabe destacar que el 24 de febrero del presente año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional a los artículos 107 y 123, referentes a la impartición de la justicia laboral, por lo cual se han implementado diversas acciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para lograr una transición armoniosa de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial del Estado.